Cámara de Bienes Raíces reporta que el mercado está cada vez más restringido

INGRID ROJAS R. irojas@cadena-capriles.com

Caracas. El sector privado respondió para cuestionar la nueva prórroga de seis meses que el Ejecutivo aprobó al decreto que congeló los cánones de arrendamiento en abril de 2003.

Felipe Martínez, presidente de la Cámara de Bienes Raíces, dijo que extender la vigencia de la resolución que obliga a mantener sin cambios los alquileres al cierre de noviembre de 2002, es una decisión política y populista, dirigida a evitar cualquier tipo de reacción que vaya contra los intereses del Gobierno de cara al proceso electoral del próximo domingo.

Martínez expresó que el sector privado esperaba la medida, tomando en cuenta que el año pasado por esta fecha se hizo lo propio días antes del referéndum constitucional.

A modo de balance, comentó que la congelación de los cánones de arrendamiento se ha convertido en un bumerán para los inquilinos, a quienes paradójicamente, el Gobierno busca beneficiar. Según Martínez, una renta congelada, sumada a los altos niveles de inflación actuales, impide que se haga el necesario mantenimiento de las estructuras (equipos, instalaciones sanitarias, aguas blancas y servidas, entre otros), lo cual va en detrimento de la calidad de vida de los inquilinos. La situación ha llevado a los habitantes de inmuebles en esta condición, a agruparse en comités para sufragar "a título de colaboración" gastos que son imprescindibles para poder vivir en comunidad.

A la imposibilidad de asumir el mantenimiento se agregan consecuencias que a nivel de oferta y precios ha generado la resolución oficial.

El presidente de la Cámara de Bienes Raíces señaló que cada día el mercado se ha vuelto más restringido y caro. Por un lado la oferta de viviendas para el arrendamiento, que al cierre de 2007 se calculaba en 10%, está disminuyendo cada vez más, mientras los pocos bienes que salen para negociar muestran precios exorbitantes.

Martínez denunció que tanto propietarios como inquilinos se encuentran en un estado de indefensión, tomando en cuenta que la dirección de Inquilinato, adscrita recientemente al Ministerio para la Vivienda y Hábitat, aún no comienza a despachar.