MARIANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ mrmartinez@cadena-capriles.com

Caracas. Segundo round. Ayer la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional volvió sobre el tema de los concursos de oposición para cargos ocupados.

En esta oportunidad, la presidenta de la AN, Cilia Flores, cuestionó a la diputada Pastora Medina llamándola "diputada de oposición", "por brincar la talanquera", y defendió una vez más los concursos.

Rafael José Vargas, representante de los 890 trabajadores favorecidos en el concurso, tomó la palabra y condenó la existencia de "una campaña política para lesionar la moral de los trabajadores y de la institución. Además de desprestigiar un apellido (Flores)".

El funcionario presentó una serie de propuestas. Entre ellas destaca la petición a la directiva de la AN para evaluar la posibilidad de ejercer acciones legales contra quienes han denunciado las presuntas irregularidades en la aplicación de este método; que se profundice el debate sobre la ética del periodismo, pues según indicó "no es posible que por el derecho a informar se vilipendie a la AN"; y que la diputada Pastora Medina aclare su postura.

Esta última solicitud fue atendida de inmediato. Medina subió a la tribuna de oradores, y con las pruebas en su mano, prometió demostrarle a la plenaria que "esos concursos vinieron amañados y que no fueron tan transparentes como en tantas ocasiones se lo escuche decir a la presidenta".

La parlamentaria aclaró que no está objetando a los 890 trabajadores beneficiados en los concursos de oposición, por lo que no está contra ellos, ni contra Flores. "Yo recibí una solicitud de investigación por parte de 43 trabajadores de la AN, que eran parte de una nómina fija, no contratados, los cuales fueron despedidos bajo la vigencia del decreto de inamovilidad laboral, y la discusión de un contrato colectivo. Cualquier especialista en leyes sabe lo que eso significa".

Además asegura que éstos fueron coaccionados por una Gaceta Oficial "que es ilegal", pues según ella "conmina a los trabajadores a inscribirse o serán despedidos".

Así, frente a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, lanzó un reto a Flores. "Permita que la Asamblea y la Fiscalía investiguen. Si yo salgo derrotada, renuncio a mi cargo; pero si gano, no sólo tendrá que reenganchar a los trabajadores, sino tendrá que renunciar a su curul".

En este ambiente, la plenaria hizo un alto, para que Ortega Díaz cumpliera con el cometido que la llevó a visitar el Parlamento: consignar el proyecto de Ley para la Extinción de la Acción Penal, que busca resolver de forma rápida los casos que se generaron en la transición tras la entrada en vigencia del Copp en 1999.

Según indica pueden ser 20 millones, de los cuales 10 millones se han resuelto, y el resto ha prescrito.